La Argentina En Emergencia Permanente

Sinopsis

¿Más democracia y menos instituciones? ésa podría ser la pregunta, que recorre este ensayo de Hugo Quiroga. Una pregunta que no se formula en general sino a la Argentina de las últimas dos décadas. Y cuya respuesta no es alentadora. Remontando la historia constitucional del país, es evidente que aún en los momentos de mayor legitimidad, el ejercicio pleno de la ley, y sobre todo de su ley mayor, la Constitución, estuvo lejos de ser lo habitual. Antes bien, bajo el amparo de las diversas y a menudo sucesivas crisis que marcaron nuestro pasado, se percibía como inevitable tomar algunas licencias para garantizar la gobernabilidad. Esta tendencia pareció revertirse a partir de 1983, cuando terminó la más luctuosa dictadura de la cual tenía memoria la Argentina. El renacer de la democracia se suponía, iría de la mano de la reconstrucción de las instituciones, indispensables para el pleno ejercicio del Estado de derecho. Sin embargo, promediando la primera década del siglo XXI, el resultado es exactamente el opuesto. Mientras las libertades democráticas, gozan de buena salud, los tres poderes de la República parecen estar desplazados de su función natural. El Ejecutivo abusa del poder que la Constitución le confiere, al aprovechar para la política corriente instrumentos que estaban previstos para situaciones de emergencia. El Legislativo siempre puede saltearse con decretos de necesidad y urgencia. Y el Poder Judicial arrastra un descrédito del que probablemente tarde muchos años en emerger. Vale aclarar que no es un descrédito infundado, sino el fruto de un deterioro asombroso de más de una década. En La Argentina en emergencia permanente Hugo Quiroga analiza los riesgos y las implicancias de esta peligrosa paradoja. Puede una democracia efectiva perdurar y fortalecerse con un Estado de derecho atenuado? ¿Quién salvaguarda las libertades democráticas si las instituciones están en tela de juicio? Este libro recuerda con precisión que las urgencias de la política y la sociedad deben ser a tendidas y respondidas, pero no a riesgo de lesionar la institucionalidad. El ejercicio continuo de ese desprecio por la ley es, tarde o temprano, un costo que pagan los ciudadanos y la democracia.